En entrevista, la diputada federal Cristina Márquez expresó su preocupación y críticas ante el reciente recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). Según Márquez, esta medida no solo debilita la capacidad del organismo para cumplir con su función, sino que también pone en riesgo el desarrollo de la próxima elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio de 2025.
La diputada señaló que el INE había solicitado un presupuesto adecuado para organizar este proceso electoral, que deriva de una reforma constitucional que, en sus palabras, “destroza al poder judicial”. A pesar de esta solicitud, no solo se negó la cantidad proyectada, sino que se redujo aún más el presupuesto del INE, una decisión que, según Márquez, fue dictada directamente desde “Palacio Nacional”.
A esta problemática se suma el hecho de que también fue rechazada la solicitud de prórroga que había realizado el INE para organizar adecuadamente la elección, la cual, de acuerdo con la legisladora, es extremadamente compleja. Como resultado, el INE, a pesar de ser un organismo “autónomo”, se verá obligado a operar con recursos limitados.
Cristina Márquez también destacó que los recortes se enfocaron en áreas clave como la transparencia, la fiscalización y la verificación del proceso electoral, las cuales son consideradas de poca importancia para el oficialismo. Asimismo, denunció que se ha afectado el presupuesto destinado a combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género, lo cual, en su opinión, contradice los discursos oficiales que promueven la igualdad de género y la construcción de la paz.
En un tono crítico, la diputada calificó como “ridículo” que no se vayan a instalar el número necesario de casillas para garantizar un proceso electoral adecuado, lo que, según advirtió, agravará la crisis que enfrenta el poder judicial y afectará directamente a quienes dependen del sistema de justicia.
Para Márquez, todo esto es parte de lo que considera “una pésima e irresponsable manera de legislar del oficialismo”, centrada en cumplir con “caprichos” sin prever las consecuencias para las instituciones y la democracia del país.
