Ante las denuncias por presuntos despidos de personas adultas mayores en la Oficina de Defensa del Consumidor en León, el diputado Óscar González Espinosa hizo un llamado para garantizar el respeto a sus derechos laborales y humanos, así como esclarecer los hechos.
Durante asuntos generales de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, el legislador expresó su preocupación por las denuncias difundidas públicamente sobre la separación de personas servidoras públicas, en su mayoría adultas mayores y con años de experiencia en la institución, quienes, según lo señalado, habrían sido removidas de sus funciones sin una justificación formal y, en algunos casos, únicamente mediante una comunicación verbal, esto posterior al cambio de directiva de las oficinas locales.
Óscar González señaló que, más allá de los cambios directivos que puedan presentarse en las instituciones públicas, como es el caso de la oficina local de la Profeco, ninguna reestructura debe realizarse al margen del respeto a los derechos humanos ni dar lugar a decisiones que pudieran responder a criterios ajenos a la legalidad.
Asimismo, enfatizó que las personas adultas mayores cuentan con una protección constitucional reforzada, por lo que cualquier decisión laboral que pudiera implicar discriminación por razón de edad debe investigarse con seriedad, transparencia y pleno respeto al debido proceso.
Finalmente, reiteró el llamado para que las autoridades esclarezcan los hechos y aseguren que el servicio público se conduzca siempre con legalidad, imparcialidad y dignidad. Agregó que, en un Estado de Derecho, las instituciones deben ser ejemplo del cumplimiento de la ley, particularmente cuando se trata de proteger a quienes han dedicado su vida al servicio de la ciudadanía.
En la misma sesión, la Comisión aprobaron la metodología de análisis de la iniciativa presentada por el PAN y PRD para reformar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, en materia de pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente.
Al respecto, el diputado Jesús Hernández Hernández destacó que se trata de una propuesta histórica que busca beneficiar y dignificar de manera directa a las personas con discapacidad permanente, al reconocer su derecho a una pensión no contributiva que contribuya a mejorar su calidad de vida y fortalecer su inclusión social.
