¿Se imagina usted que antes de permitir que un político aparezca en una boleta electoral, tuviera que pasar por una prueba psicológica y psiquiátrica? No sería una locura. Sería, de hecho, una muestra de sensatez.
Porque si a cualquier ciudadano se le exige una evaluación médica para portar un arma, conducir un transporte público o trabajar con menores, ¿por qué no hacerlo con quienes aspiran a gobernar un país, un estado o un municipio? Las decisiones que ellos toman, al final del día, también pueden ser letales.
Vivimos en tiempos donde el poder político parece atraer, con preocupante frecuencia, a perfiles narcisistas, autoritarios o emocionalmente inestables. Gritos en tribuna, reacciones impulsivas en redes sociales, venganzas disfrazadas de políticas públicas y egos desbordados que terminan costando vidas, empleos o libertades.
Y todo eso podría prevenirse con una simple evaluación profesional.
No se trata de estigmatizar la salud mental, sino de asumirla como una responsabilidad pública. Así como exigimos transparencia patrimonial, también deberíamos exigir transparencia emocional. Conocer si quien busca dirigirnos tiene equilibrio, empatía, control de impulsos y una mínima tolerancia a la frustración.
El poder descompone, sí. Pero cuando el poder llega a manos de alguien ya descompuesto, el daño se multiplica.
Y la sociedad paga las consecuencias.
Debería ser tan normal como una declaración fiscal: un certificado psicológico y psiquiátrico que garantice que quien aspira a un cargo tiene la estabilidad emocional necesaria para ejercerlo. No se trata de excluir, sino de proteger la democracia de los delirios de grandeza.
Porque gobernar no es un juego de egos, es un acto de equilibrio mental.
