En el Congreso se repite, una y otra vez, la cantaleta de la defensa de los derechos de las mujeres. Hay discursos, conferencias de prensa, posicionamientos solemnes y hasta pancartas. Pero lo que vimos el 5 de junio en pleno recinto legislativo derrumba esa narrativa y revela la crudeza de una política que se dice feminista mientras ejerce violencia contra otra mujer.
La diputada Itzel Mendo denunció violencia política en razón de género tras ser humillada por otra legisladora que, paradójicamente, se presume como “defensora de las mujeres”. ¿El episodio? El lanzamiento de billetes, acompañado de frases que buscaban manchar su honor y reducir su palabra a la burla. No fue una confrontación de ideas, fue un intento de linchamiento simbólico. Y lo más grave es que sucedió desde una curul, bajo la investidura de representación popular.
¿En qué momento confundimos el debate con el agravio? ¿En qué momento la sororidad se convirtió en bandera útil para el discurso y desechable en la práctica? Porque lo que ocurrió no es un exabrupto aislado: es la muestra más clara de una doble moral instalada en buena parte de nuestra clase política. Esa que exige respeto pero lo niega; que condena la violencia, pero la ejerce cuando le conviene.
La violencia política contra las mujeres no necesita de golpes físicos para ser devastadora. Basta un gesto simbólico, una humillación pública, para socavar la dignidad y el trabajo parlamentario. Y cada vez que se normaliza un agravio de este calibre, no solo pierde la víctima: pierde el Congreso y pierde la democracia.
Hoy, quienes se envuelven en el discurso feminista tienen una obligación mayor: predicar con el ejemplo. No hay causa más deslegitimada que la que se traiciona desde dentro. Fingir defensa de las mujeres mientras se ataca a una colega en el pleno es hipocresía pura, y esa hipocresía erosiona la credibilidad de la política y trivializa una lucha que ha costado décadas de vidas y esfuerzos.
El respeto en el Congreso no es cortesía: es condición mínima para que el debate tenga sentido. La inviolabilidad parlamentaria protege las ideas, no los actos degradantes. Por eso, la denuncia de Mendo no es un trámite más: es un llamado urgente a frenar la normalización de la violencia, venga de quien venga y se disfrace como se disfrace.
Porque, si de verdad creemos en un país donde las mujeres puedan participar sin miedo, la primera prueba es sencilla: no convertir el feminismo en un discurso hueco mientras se practica la humillación. La dignidad no se negocia y la coherencia tampoco.
