En una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Guanajuato, se aprobó la designación de Gerardo Vázquez Alatriste como fiscal general del estado, cargo que ocupará durante los próximos siete años. Aunque el dictamen fue aprobado con una mayoría de 25 votos a favor, frente a 10 abstenciones, el proceso estuvo marcado por el desacuerdo y las críticas de varios legisladores. Esta decisión, que podría tener implicaciones de largo plazo en la procuración de justicia en Guanajuato, ha desatado un debate sobre la transparencia del proceso y el futuro de la Fiscalía en un estado asolado por la violencia y la corrupción.
La discusión fue intensa. Legisladores como María Eugenia García Oliveros y Carlos Abraham Ramos Sotomayor, férreos opositores a la terna presentada, cuestionaron la autonomía y la capacidad de la Fiscalía para enfrentar los desafíos de justicia en el estado. García Oliveros fue particularmente dura, denunciando que en Guanajuato no ha habido una verdadera fiscalía autónoma, acusando a la institución de encubrir violaciones, revictimizar a mujeres y víctimas, y negarse a reclasificar los feminicidios. Sus críticas apuntaban también a un sistema de justicia que, según sus palabras, ha sido permisivo con la corrupción y ha impedido enjuiciar a funcionarios públicos por actos de desvío de recursos.
Estas palabras no son nuevas en el contexto guanajuatense. Los índices de violencia en el estado han sido alarmantes en los últimos años, y la inacción de las autoridades frente a casos de corrupción ha generado una desconfianza palpable en las instituciones. Carlos Abraham Ramos Sotomayor agregó a la discusión que este nombramiento significaba “siete años más de corrupción e impunidad”, argumentando que los números no mienten: Guanajuato ha sido el estado más violento del país, y la designación de Vázquez Alatriste parece garantizar la continuidad de ese oscuro panorama.
Del lado opuesto del debate, el legislador Sergio Contreras Guerrero, quien se posicionó a favor del dictamen, aportó datos preocupantes sobre el funcionamiento actual de la Fiscalía de Guanajuato. Según Contreras, el 35.33% de las carpetas de investigación en el estado se archivaron temporalmente, mientras que un 58% de los casos no llegaron a ejercer acción penal. Estos datos reflejan, según el congresista, la gravedad de la situación, pero defendió el perfil de los candidatos, argumentando que el estado necesita un funcionario que no dé continuidad a los errores del pasado, y Vázquez Alatriste podría ser esa figura de cambio. Sin embargo, estos mismos datos fueron utilizados por sus oponentes para cuestionar si el nuevo fiscal realmente podrá revertir la ineficacia de la procuración de justicia en el estado.
Otro de los grandes temas de discusión fue el proceso en sí mismo. Hades Berenice Aguilar Castillo lo calificó como una simulación, denunciando la falta de inclusión de organizaciones civiles y la ausencia de un proceso verdaderamente transparente e incluyente. Aguilar Castillo no fue la única en señalar este problema: tanto Ramos Sotomayor como David Martínez Mendizábal hicieron hincapié en la falta de apertura para escuchar a la sociedad civil y la necesidad de un fiscal que verdaderamente asuma la responsabilidad de enjuiciar a los responsables de la violencia y la corrupción que han azotado el estado.
A pesar de las críticas, Gerardo Vázquez Alatriste fue elegido con 25 votos. Sus defensores argumentan que cumple con los requisitos legales y constitucionales, y que su designación fue parte de un proceso público y transparente. Sin embargo, las voces disidentes, que ven en esta elección un peligroso continuismo, se hacen eco de la frustración de una población que ha visto cómo la violencia y la corrupción se consolidan en su estado sin una respuesta contundente de las autoridades.
El panorama para Guanajuato sigue siendo incierto. La pregunta que persiste es si la nueva fiscalía, bajo la dirección de Vázquez Alatriste, será capaz de transformar un sistema de justicia que ha sido duramente cuestionado, o si, como temen muchos, simplemente perpetuará las fallas de su antecesor. Las víctimas de la violencia y la corrupción esperan respuestas, y el tiempo dirá si este nombramiento fue un paso hacia la justicia o un retroceso más en una historia de impunidad.
